Acontecimiento 46 (2015)

  • Once puntos melancólicos sobre el devenir de la situación griega. Alain Badiou
  • La bandera roja y la tricolor. Alain Badiou
  • La utilización (de la) política. Juan Cerdeiras
  • Diálogo entre una filosofía de la inconsistencia y una política de la emancipación. Raúl Cerdeiras
  • Los intelectuales y la política. Raúl Cerdeiras
  • Una ética in-humana. Raúl Cerdeiras
  • Elecciones sin política. Alejandro Cerletti
  • La posibilidad actual de un Estado emancipador. Martín López
  • Distancia de la política. Hernán Mancuso

Otras Voces

  • La urgencia y el cuadrado. Biblioteca Popular Eduardo Martedi

Acontecimiento 36-37 (2009)

  • La afirmación de otra política de emancipación. Grupo Acontecimiento.
  • La hipótesis comunista, Alain Badiou.
  • La política como pensamiento: la obra de Sylvain Lazarus, Alain Badiou.
  • Sobre Bifo: La pulpa y la cáscara… de la naranja (Bases para un ensayo), Raúl Cerdeiras.
  • Carta Abierta: la adjunción de un sujeto a un gobierno, Víctor Militello.
  • Clínica y política. Algunas notas sobre la violencia y sus dispositivos, Roxana Yattah.
  • La dicha en la esclavitud. El carácter masoquista del goce y el poder excitante de la autoridad, Susana Bercovich.
  • No escondamos nuestras bengalas. Aguante, precariedad y creación (una lectura de Cromañón), Juguetes Perdidos.
  • Chavistas: un esfuerzo más si queréis ser revolucionarios, Jeudiel Martínez.
  • Colaboraciones
    • Lo público y la lógica del miedo, Hernán Mancuso

Acontecimiento 35 (2008)

  • Algunas ideas para otra política. Raúl Cerdeiras
  • Pensar en Venezuela. Raúl Cerdeiras
  • Construyendo otra política. Roland Denis
  • Materiales de Discusión
    • Pensar una política anárquica. Hernán Mancuso
  • Postulados políticos del Grupo Acontecimiento.

 

Acontecimiento 33-34 (2007)

  • Dossier Venezuela
    • Venezuela ¿una experiencia necesaria para las nuevas políticas de emancipación? Raúl Cerdeiras
    • Roland Dennis
      • La partidización del movimiento popular
      • Cambiar los códigos de interpretación y de acción
      • Venezuela tierra milagrosa
      • “La política es la ciencia del pueblo” (Ensayo contra los políticos)
      • Los militantes. Una raza especial que quieren extinguir
      • Advertencia sobre la reforma constitucional. Tres errores de Chavez y la formación del estado contrarrevolucionario
      • Luego de las advertencias… consideraciones concretas sobre la propuesta de reforma constitucional
  • Universalismo, diferencia e igualdad. Alain Badiou
  • La filosofía como repetición creativa. Alain Badiou
  • Entre la gestión de la vida y la vitalidad política. Tres hipótesis sobre la singularidad de lo político. Fernando Gallego y Gabriel D’Iorio

Acontecimiento 14 (1997)

  • Platón y/o Aristóteles-Leibniz: Teoría de conjuntos y teoría de los topos bajo la mirada del filósofo. Alain Badiou
  • La ideología borgeana. Bruno Bosteels
  • ¿Mujer, género o qué? Cristina Corea
  • Ocaso de la universidad en las cárceles. Diego Zerba y María Massa
  • A propósito del impasse en psicoanálisis. Lidia Alazraqui

Elecciones sin política

Del número 46 de revista Acontecimiento


Escenario electoral: las rutinas de la democracia capitalista

El abigarrado calendario electoral de este 2015, al que el Estado nos conmina a someternos puntillosamente, es un buen pretexto para algunas reflexiones.

En el lapso de menos de un año, y a la luz de las encuestas, los sondeos de opinión y algunos resultados de elecciones parciales, el clima político nacional ha oscilado varias veces entre una sensación de “fin de ciclo” y otra de continuidad victoriosa del “modelo”, con diversos estados intermedios. Son notables los argumentos de circunstancia con los que se justifica estos vaivenes, de acuerdo al interés de los interesados. Pero si hay algo que ha caracterizado este escenario es la ausencia de política. Al menos de política emancipativa, es decir aquella que no reduce la política a la gestión del Estado.

El esfuerzo de los sectores intelectuales más progresistas del kirchnerismo por reflotar la discusión política (en especial, en algunos frentes sensibles: el sentido del Estado, la reapropiación o resignificación de los conceptos de populismo, consenso, soberanía, etc.) e instalarla como un eje central de las preocupaciones del gobierno, ha quedado siempre diluido por las urgencias circunstanciales y la necesidad de estrechar filas frente a sus enemigos electorales y mediáticos. Han debido postergar el pensamiento para otros momentos y ocuparse de evaluar apremios de coyuntura (por ejemplo, y de manera paradigmática, cómo procesar, sin romper su pertenencia partidaria, el hecho de que sea Scioli quien exprese la continuidad del “proyecto”).

Por cierto, no tiene demasiado interés político analizar los insólitos argumentos con los cuales ahora, que las circunstancias han tornado inevitable su candidatura, se justifica desde el oficialismo que Scioli no era tan malo, y que con un contrapeso de “izquierda” se podría llegar a domesticar. La ausencia de un candidato que represente cabalmente al proyecto luego de doce años de gobierno no es una circunstancia ocasional sino el síntoma de una forma de construcción política, en la que la figura conocida es esencial para arrastrar voluntades y todo se encamina alrededor de quien “mide” mejor. Pero esto no es una peculiaridad del kirchnerismo; todos los partidos están atrapados en la misma lógica de definición de representatividades, esclavizada por la necesidad de imagen en los medios de difusión masiva. Los proyectos parecen tambalear si no se consigue alguna figura mediática que los encarne; como si el logro colectivo dependiera, en lo esencial, de algunos individuos más o menos simpáticos o entradores.

Tampoco el análisis de las volteretas oportunistas del discurso de Macri –que ha contorsionado sus dichos de acuerdo a la ocasión, al punto de llegar a ponderar un Estado activo en lo social y económico, horror histórico de los liberales–, significa discutir realmente el sentido del Estado en la práctica política. Por cierto, el significado usual de las construcciones políticas estatales se unifica en considerar que la política está sujetada, en mayor o menor medida, a la economía y que la tarea del Estado es, en sus extremos –a izquierda y derecha–, redistribuir la riqueza y permitir, con reglas claras, el libre juego del mercado. En ambos casos, el Estado tiene una importancia central, aunque por diferentes motivos. La idea de un Estado benefactor, providencia, garante de derechos, asistencialista, paternalista, etc. (tal como se lo puede llamar de acuerdo al rasgo que se privilegie o el matiz desde el que se lo interprete) es tan o más antigua que la que animaba la II Internacional. En la última década y media, los diferentes gobiernos progresistas latinoamericanos le han conferido perfiles específicos y particularidades regionales, pero no han modificado la condición –incluso la han reforzado explícitamente– de que el Estado es el escenario excluyente de la política. Considerar al Estado como el ámbito excluyente y exclusivo de la política torna relevante los períodos de elecciones, porque constituyen el procedimiento autolegitimado por el cual se modifican los funcionarios que lo gestionan. Se comparte una ficción en la que el Estado es el escenario común en el que se pueden representar diferentes obras “políticas”, durante el período que dura la temporada. Si la actuación es exitosa tal vez se logre seguir una temporada más. En esta época, como nunca, este sistema de representaciones se ha naturalizado al punto de que se admite, sin más, que la función debe continuar como sea, porque de eso se trata la política y la democracia realmente existentes: la continuidad inevitable del estado de las cosas.

El mecanismo eleccionario –aquí y en el mundo– ha clausurado el significado de la expresión “democracia”, ya que se considera democrático cualquier régimen que convoque periódicamente a elecciones de autoridades y se subordine a las leyes del libre mercado. Por lo tanto, la democracia ha quedado ligada de modo indisoluble a la inevitabilidad del capitalismo. La siempre perfectible “democracia” es hoy la democracia capitalista. Cualquier representación de gobierno comparte lo inexorable de este estado de cosas, e intenta mostrar diferencias remarcando algunos matices, que suelen exaltarse o maquillarse de acuerdo al objetivo universal de atraer más espectadores votantes consumidores. En este descarnado mundo de ganadores y perdedores, de triunfadores y fracasados, los resultados electorales son transcritos y percibidos como los efectos de la competencia del mercado, de un evento deportivo o del rating. Los tradicionales festejos posteriores de los ganadores exhiben con descaro el sentido del resultado: son ellos quienes realmente ganaron, los candidatos que supieron recolectar más votos; y no sus votantes, un programa o una idea. Aunque quien ganó, por sobre todas las cosas, es la continuidad de lo mismo.

El sistema democrático, tal cual hoy se lo entiende, es básicamente un mecanismo de selección de funcionarios que tienen como tarea administrar la expansión nacional y global del capital. Esta administración podrá tener mayor o menor sensibilidad social, pero su tarea es, por sobre todas las cosas, actualizar la función central del Estado: no permitir que nada quede fuera de su cuenta, ordenando y oficializando el terreno de lo posible. Lo nuevo que aparezca será inexorablemente eliminado o asimilado, esterilizando así su eventual fuerza disruptiva.

Es en este sentido que nada políticamente significativo ha deparado –ni parece poder llegar a deparar– el proceso eleccionario en curso.

La subjetividad votante

El buen sentido común eleccionario supone que los votos expresan una suma de voluntades individuales que configuran algo así como una voluntad global del electorado. El partido que gana reflejaría esa voluntad y asume la tarea de llevarla a la práctica. Como es imposible saber lo que quiere cada uno de los votantes y construir una eventual sumatoria de deseos que signifique un deseo común, los “políticos” –que en nuestro sistema de gobierno adquieren su poder, en los hechos, por completa delegación– asumen que son capaces de interpretar esos deseos y cada uno se oferta en el mercado electoral como la mejor opción para la tarea de llevarlos a cabo. Nadie sabe bien qué programas de gobierno –si existieran– está votando, sino que elige personajes que cree expresarán el imaginario de sus deseos, tan difuso como apolítico. Esta matriz individualista liberal, como base de legitimación de la voluntad colectiva, adquiere en las elecciones su sentido profundo, ya que ellas sellan y agotan, estableciendo una distancia infinita, la relación entre el gobierno y la base social.
El sentido común eleccionario más pragmático y realista supone que nadie tiene demasiada idea de qué hacer con sus vidas en cuanto al destino colectivo, pero los políticos sí. Ellos saben qué hacer y se lo proponen al electorado, y se postulan como los mejores ejecutantes para esa tarea. Tienen muy en claro el buen destino de la sociedad y aspiran a ganar adhesiones para lograrlo, intentando convencer a la gente de que ellos son los mejores. Las campañas electorales son enormes y costosos aparatos publicitarios para captar los votos de una población cuya gran mayoría acepta pasivamente este escenario, reconociendo, de manera explícita o implícita, que no participa ni participará de manera personal y comprometida en la construcción de ningún proyecto político colectivo. Simplemente delegará en otros, los mejores, su poder individual y colectivo, y festejará o no los resultados de las elecciones mirando la televisión. Los efectos de esta concepción son similares al caso anterior: el completo distanciamiento entre los gobernantes y la base social. Es cuestión de anunciar los menores detalles posibles de lo que se hará cuando se gobierne, para evitar compromisos. No habrá manera efectiva de controlar prácticamente nada de lo que los electos vayan a hacer cuando asuman el poder y el soberano se enterará, por los medios masivos, de las políticas que llevan adelante sus “representantes”. En síntesis: el demos no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Y sus representares constituyen, de hecho, una aristocracia de guardianes del statu quo.

No hay nada –ningún “sujeto” político– que preexista a un proceso eleccionario y que pueda ser interpretado o expresado. El sistema electoral delegativo, con mandatos irrevocables, necesita de la distancia que produce la delegación para ser efectivo. No por una cuestión práctica u operativa para la toma de decisiones, sino porque necesita autolegitimarse tomando la distancia necesaria para que la gestión eficiente del capital no se vea continuamente amenazada por los reclamos de quienes la padecen. El Estado dispone de un complejo sistema de mediaciones que hacen que las protestas singulares sean encauzadas y diluidas dentro del orden, para garantizar su autodefensa.

Una voluntad colectiva sólo se expresa (es decir, se puede llegar a constituir en sujeto) a partir de un quiebre de lo que hay –que es un quiebre del orden de lo posible– y de la decisión de algunos de pretender actuar consecuente y coherentemente con él. O, mejor dicho, sólo hay voluntad política colectiva cuando está orientada por un objetivo político común, organizado a partir de una disrupción del orden o del estado de las cosas. Los “individuos” no están entonces interpelados como tales sino que cada uno se incorpora a una construcción colectiva aunados por una idea compartida. El común de esa construcción colectiva, si logra dar continuidad a su fuerza disruptiva, podrá llamarse un sujeto político. Pero no hay un sujeto político particular, universal o trascendente que preexista a la acción y se pueda llegar a visualizar circunstancialmente en una delegación. El sujeto se conforma en la acción y existe en el compromiso colectivo de llevar adelante una idea. El proletariado fue sujeto cuando luchaba (como clase) en contextos históricos determinados y en circunstancias específicas. Un conjunto de obreros no es de por sí un sujeto político (por eso hoy el “proletariado” no es, de antemano, revolucionario).

¿Gobernar para todos?

Las refriegas preelectorales trajeron al debate algunas apuestas que el gobierno exhibe como sus logros más importantes y que de golpe comienzan a ser reconocidas por muchos de aquellos que poco antes las cuestionaban con dureza. Básicamente, el éxito –y en consecuencia, la inevitabilidad– de algunas políticas sociales y otras acciones estatizantes. Más allá del oportunismo electoralista de estos reconocimientos de opositores, lo que queda expuesto a la discusión es, en lo esencial, el significado de gobernar para todos.

La voluntad de llegar a todos se traduce de manera lineal en que el Estado se debe ocupar de todos. En este sentido, siempre se trata de algo que se ofrece: un bien material, una posibilidad. El gobierno es entonces el dador del bien o de la oportunidad. El “todos” asume la realidad de la diferenciación social y en una extraña metonimia focaliza en su nombre a las víctimas del sistema excluidor. La aspiración implícita del gobernante progresista es: vamos a gobernar para ellos, para que se puedan acercar un poco a lo que somos nosotros. Esto produce una subjetivación estatal que singulariza a todos en su lugar y fortalece que cada uno se subjetive en dichos lugares. Estos lugares no son simplemente posiciones económicas o sociales, son la estructuración de lo pensable por cada uno. La movilidad social que puede producir el beneficio económico consolida la diferenciación y la discriminación laboral y social. La posibilidad de que algunos, de manera individual, “asciendan” socialmente, no hace más que legitimar la estructura diferenciadora del sistema, porque para que algunos asciendan debe haber otros que permanezcan “abajo”, de los cuales ahora se diferencian.

En general, frente a estas concepciones, al beneficiario no le suele quedar otro aporte más que agradecer lo que le dieron o la oportunidad que le brindaron. Es decir, se subjetiva como aquel que necesita “políticamente” del Estado, y que gracias a otros, los que gobiernan, pudo mejorar individualmente su destino (esto es, por otra parte, la base del clientelismo político). Identificar carencias o necesidades básicas insatisfechas en otros y tratar de apuntar a su satisfacción cristaliza una concepción de la política y del Estado, y de los individuos en relación con él. Quedan definidos en el terreno político aquellos que pueden y aquellos que no. Los que pueden hacer cosas por sí y por otros, y los que necesitan de esos otros. El mundo resulta diferenciado en dos, entre los potentes y los impotentes; los agentes y los pacientes.

Una manifestación paradigmática de esta situación se ha dado recientemente en Brasil, ante los disturbios producidos contra el gobierno de Dilma. Más allá de la machacante prédica opositora de los poderosos grupos económicos que controlan buena parte de los medios de difusión masivos, es sorprendente una “explicación” reiterada de los motivos por los cuales una población que se ha visto beneficiada masivamente por las políticas económicas y sociales del gobierno, no sostenga un apoyo continuo y militante como sería de esperar. Varios analistas políticos “de izquierda” han explicado la situación, palabras más palabras menos, con los siguientes argumentos: la gente cuando es pobre vota a izquierda y si la política de un gobierno de izquierda es exitosa entonces los votantes pobres se hacen de clase media y por lo tanto giran a derecha para mantener sus privilegios egoístamente, y empiezan a votar partidos liberales, de centro o de derecha. Esta explicación, por cierto, suele trascender el contexto brasileño y es una estrategia usual para justificar la pérdida de votos de gobiernos progresistas, desgastados por el ejercicio del poder.

Lo que está ocurriendo es más bien que los partidos progresistas en el poder conciben como eje de su gestión (al menos, en principio) la mejora de las condiciones materiales de los pobres o los excluidos –es decir, apuntan a mejorar sus condiciones de vida–, pero rara vez construyen políticas junto a ellos, o a partir de las decisiones de ellos. Mantienen el esquema representativo-delegativo de hacer política y se consideran intérpretes de los deseos de la gente. Y conciben que esos deseos son satisfacer, de algún modo, sus necesidades básicas insatisfechas. Se asume que el otro –el asistido o el objeto de la política social– no tiene voz política y quien habla por él es el político gobernante, que interpreta su voluntad. El definitiva, el otro es una construcción del poder dominante, que le da un lugar y es quien puede decidir sus mejoras de vida.

La política atada a la economía tiene estas ingratitudes: es medida en términos egoístas y oportunistas. Si lo que se imagina de los pueblos es que sólo quieren vivir un poco mejor, las consecuencias serán siempre desagradecidas.

La voluntad hegemónica en la administración de lo posible

Encontrar un lugar para todos, redefinir la cuenta que hace el Estado para darse consistencia sin dejar nada afuera, tiene no sólo la pretensión estructural –y ficcional– de obturar cualquier fisura sino, sobre todo, expresa la voluntad política del gobierno de turno de construir un pensamiento hegemónico.

Establecer una hegemonía es algo más que lograr imponer la voluntad de una facción al resto, cualquiera sea el medio: la violencia o el número de votos. Establecer una hegemonía significa, por sobre todas las cosas, segar un otro imposible, verdadero contrapunto real y condición de posibilidad de dicha hegemonía.

Lo otro imposible no es en principio un sector poblacional identificable, una minoría o una comunidad marginada. Las políticas sociales de integración e inclusión han tenido la función específica de configurar ese “otro” marginado para incorporarlo a la cuenta oficial. Incluso, en el plano teórico, el intento de la “vuelta de la política” a la mesa de discusiones de los intelectuales, era una apuesta comprensible dentro del nuevo esquema hegemónico de pensar la política y el sentido de la inclusión. Los rivales eran el nuevo populismo contra el viejo neoliberalismo. Por cierto, frente a la implacable anulación de todo pensamiento que implica el macrismo como concepción de la política esterilizada por la gestión, abonada en el senil “fin de las ideologías”, aquella intención frustrada de “vuelta” significaba al menos una oportunidad para el pensamiento. No tanto porque el terreno de la discusión sea el que fue elegido, sino porque permitía poner el terreno mismo en discusión y las reglas del juego.

Lo otro latente tiene la figura borrosa de un síntoma. Hay algo que ocurre (por caso, los efectos difusos de los acontecimientos de diciembre de 2001) de lo que todavía no logramos nominaciones adecuadas o visualizar la expansión política de sus consecuencias, y reaparece de una u otra manera en conflictos puntuales.

La potencia del Estado de dar cuenta de todo se materializa con la voluntad de los gobiernos de construir hegemonía. La voluntad política del kirchnerismo –y, por cierto, uno de sus éxitos desde el punto de vista de su construcción ideológica– ha sido delimitar, con su sesgo particular, el territorio de lo pensable y, por lo tanto, de lo posible. La nueva hegemonía, lo que obtura en realidad no es una exclusión circunstancial sino la política misma, en nombre de una gestión. No permite pensar la irrupción de nuevas acciones y colectivos más que como expresiones desesperadas de momentos que felizmente pasan porque un nuevo liderazgo se hace cargo de todos. Lo que da sentido al populismo no es tanto la fuerza de lo popular como irrupción de un nuevo protagonismo colectivo sino la subordinación popular a estructuras verticales y liderazgos fuertes.

De todos modos, el problema central no sería tanto el deseo de construcción de hegemonía, sino que la intención política sea lograrla desde el Estado. Porque el Estado es estructuralmente el cierre de toda cuenta. El Estado necesita tener todo bajo su contabilidad; necesita representarlo todo. Lo incontado es siempre una perturbación de su orden que debe ser eliminado. Y esto no es un problema del Estado capitalista sino de todo Estado. Por eso la política, reducida a su dimensión estatal, siempre va a quedar a mitad de camino entre su voluntad de control (o de configuración de un orden en el que estén todos incluidos) y las constantes emergencias de situaciones inesperadas.

Si hay un lugar para el sujeto político no será en el seno de la lógica estatal, porque la función de ésta es objetivar lo que hay para identificarlo y tenerlo en cuenta. La individualización del Estado es siempre objetivante. Por el contrario, si hay alguna posibilidad de construcción subjetiva novedosa deberá producirse en el marco de las singularidades que se escapan del control del Estado. Lo otro de una hegemonía no tiene nombre, hasta que se lo identifica, y a partir de ahí modifica el orden de lo pensable: o lo subvierte, o bien es integrado, o aplastado.

Lo que está en juego en las elecciones es la lengua de una hegemonía. Cuál es el discurso que dará cuenta, de la manera más eficaz, de la convicción de que lo mejor es que cada uno se mantenga en su lugar y que si alguien tiene algo de qué quejarse, que lo haga por medio de sus representantes (es decir, en sentido estricto, que no lo pueda hacer).

El gran triunfo del proceso electoral es que la administración de esta verdadera antipolítica es un consenso hegemónico. Scioli o Macri son y serán meros gestores de una continuidad que va mucho más allá del gobierno actual.

Cambiar la política, cambiar el mundo

Cambiar el mundo significa cambiar la forma de pensar el estado de cosas. Ese cambio implica, en primer lugar, evitar que el estado de las cosas sea quien determine en última instancia nuestras ideas. Cualquier propuesta que se deduzca de las condiciones que impone la realidad será siempre conservadora. Si el punto de partida no es el análisis del mundo –porque en definitiva es el limitante de la acción transformadora–, entonces deberá ser una declaración de principios. Y en ella habrá que apoyarse para dar coherencia a la acción. Las ideas son las que tienen que orientar la realidad. De eso se trata el pensamiento político.

La ausencia de política en el actual proceso eleccionario se percibe, de manera ejemplar, en la progresiva retracción del pensamiento y la acción colectiva en favor de la aceptación pasiva de las decisiones superestructurales, el disciplinamiento militante y la exaltación obediente de los liderazgos personales. La combinación de un Estado omnipresente como referencia excluyente del lugar de la política, con la instrumentación delegativa del poder de las bases y las militancias verticalistas, tiene la función estratégica de liquidar las experiencias autoconvocadas, independientes o autogestivas que se han producido en los últimos quince años. Es decir, lo que permite el Estado, lo hace a costa de lo que obtura. Y lo que obtura, ahora y siempre, es el pensamiento y la acción emancipativa. El pensar y el hacer de la emancipación no puede decirse y actuarse desde el discurso y la estructura dominante, porque son justamente su excepción.

La decisión de cambiar el mundo es una apuesta siempre extemporánea de unos pocos que aspiran ser muchos, no porque pretendan convencer a otros de las virtudes de un candidato, sino por la universalización de unas pocas ideas, que van a contramano de lo que es esperable. Ser “realista” en política es ser conservador. Si de lo que se trata es de llegar al gobierno y desde allí mejorar las condiciones materiales de la gente, debe darse por supuesto que los detentadores del poder delegado son genuinos intérpretes de los deseos de la gente y que lo que quiere la gente, o el pueblo, es sólo vivir un poco mejor. La condición fundacional de nuestras “democracias” debe reinterpretarse a la luz de la expansión del capitalismo contemporáneo no sólo como sistema económico dominante sino como estructurador de la individualidad egoísta.

La política es la excepción de las necesidades vitales o materiales. Es la acción de decidir el propio destino individual y colectivo sin tutelas ni patrocinazgos. Es, por sobre todas las cosas, emanciparse de la esclavitud de las necesidades.

Una política de emancipación lo es fundamentalmente porque aspira a liberarse de la vieja política, la que acorrala al animal humano entre la depredación para unos y la supervivencia para otros. Se puede pensar desde la indigencia y decidir cómo intentar salir de ella, revisando las condiciones de su producción y modificando el sentido de la inclusión personal en un mundo. No es necesario que, mientras tanto, otros piensen por aquellos que supuestamente no lo pueden hacer por sus propios medios.
Las elecciones de funcionarios del capital a las que el sistema nos obliga a participar deberían interpelarnos sobre las elecciones políticas que tomamos y sobre cuánto decidimos realmente con cada una de ellas. Lo que deberíamos poder elegir es otra forma de pensar y hacer política que no nos deje acorralados entre optar por un candidato u otro, circunscriptos por la lógica de las mercancías, cuyas campañas de difusión son groseras estrategias de marketing. Es penoso ver cómo los candidatos se autoelogian, presentándose como los mejores para gobernar y pidiendo rastreramente a la población que los vote a ellos y no a los otros.

El calendario electoral impone una temporalidad. El tiempo del pensamiento político es otro, porque es propio e inmanente. No debe someterse a los plazos externos electorales.

La discusión sobre el “fin de ciclo” es perentoria. Pero no porque se agote –o no– la etapa kirchnerista de gestión del Estado sino porque lo que se está acabando es el ciclo de una concepción de la política.

Alejandro Cerletti
2015

Quiera el pueblo votar

Del número 43-44 de Revista Acontecimiento


“Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar”.
Roque Sáenz Peña

En la escuela me enseñaron que la ley Sáenz Peña tuvo un carácter democratizador de la política Argentina porque permitía a las clases subalternas formar parte de la vida política institucional. El concepto es clásico y se llama inclusión. El carácter democrático de esa ley se expresa en tres elementos que son la clave del sistema electoral argentino: el secretismo, la universalidad y la obligatoriedad.

Los dos últimos puntos confluyen en la función de neutralizar la actividad social (hoy diríamos también política) de la población de la región argentina a comienzos del siglo XX, especialmente motorizada por una creciente combatividad de las organizaciones obreras, inspirada en ideas emancipativas que abrían una brecha capaz de poner en jaque la estructura de poder de la época. En la medida en que la población se organizaba en torno a la abolición de la propiedad y la transformación profunda de la sociedad subvirtiendo el sistema de producción y el régimen decisional impuesto por las clases dominantes, las élites elaboraban estrategias represivas o inclusivas, estas últimas destinadas a neutralizar los conflictos sociales a través de la disertación de representantes en las cámaras. De esta forma, resultaba indispensable que todos los ciudadanos participaran en los comicios y delegaran a través de ellos su actividad política. El secretismo, por otra parte, estaba destinado a garantizar la efectividad de la universalización en vistas de un contexto social extremadamente coercitivo.

Esta reforma electoral fue impulsada por el ascenso de la Unión Cívica Radical como exponente de una burguesía nacional que reclamaba su parte en el reparto de beneficios de la sociedad capitalista. La presión que venía “desde abajo” tenía dos vectores: una radicalidad muy distinta a la de la Unión Cívica que brotaba del movimiento obrero, y el ascenso de la clase media que constituía un segmento novedoso en el mundo político de la época y que reclamaba cierto ordenamiento cívico a través una institucionalización republicana democrática.

La estrategia de inclusión institucional promovida por la ley Sáenz Peña fue eficaz en dos sentidos: por una parte, en la promoción de un proletariado nacional a través de cierta dación de ciudadanía a la que no accedían los extranjeros que componían la mayoría de la clase obrera y que constituía el último orejón del tarro; por otra parte, en la potenciación de las tensiones internas del movimiento obrero acerca de la validez o no de la vía estatal parlamentaria versus la validez de la acción directa. Quienes consideraron que la lucha económica y social debía ser canalizada a través de la política representativa encontraron en aquella ley un aliciente para el enfrentamiento contra la acción directa como principal herramienta para la lucha social emancipativa. Pronto, muchos creyeron tener no solamente una vía de acción en el sistema representativo, sino también algo por perder: el reconocimiento ganado a través de la negociación entre Yrigoyen y Sáenz Peña, que diera impulso a la ley, se convirtió en una ruinosa conquista para ciertos sectores del proletariado en Argentina.

La ley Sáenz Peña fue un punto de especial importancia en una línea considerablemente recta que partía de la implementación de un sistema de control social basado en la creación de una identidad nacional capaz de generar su propia ciudadanía. Los posteriores desarrollos legales y constitucionales que conformaron, y que conforman actualmente, la inclusión de las clases subalternas en el mundo institucional del Estado, se materializan en la reglamentación legislativa de las cuestiones laborales. Aquellas leyes de carácter progresista apuntaron a poner en medio de la lucha social y económica un disipador con la clara fisonomía de la política representativa. En términos políticos, el sentido de esta serie de rudimentos legales y normativos constituye una continuidad en la estrategia de neutralización de la lucha social. Semejante función han tenido la regulación legal del derecho a huelga, la creación del ministerio de trabajo y, muy especialmente, la todavía vigente Ley de Asociaciones Profesionales (hoy llamada Ley de Asociaciones Sindicales), construida en resguardo de la figura corporativa del unicato sindical como limitante política para la organización obrera. Estos son exponentes privilegiados de un amplio marco regulatorio destinado a la centralización política a través del afianzamiento de la lógica representativa y el consecuente fortalecimiento del aparato estatal.

De modo que es del todo correcto afirmar que la Ley Sáenz Peña fue una ley progresista, toda vez que afianzar el estado de la situación a través de la inclusión de toda divergencia es un procedimiento clásico del progresismo. En la medida en que el progresismo brega por la inclusión, se posiciona ante le novedad defendiendo a la estructura social vigente. Su sentido no es otro que el de preservar las instituciones sociales, políticas y económicas ante las novedades que amenazan en su aparecer la continuidad del estado de cosas. La invención progresista consiste en la transformación de la novedad en un rasgo novedoso de lo mismo, un procedimiento destinado a neutralizar cualquier discontinuidad posible en defensa de la continuidad del estado.

Como parte de esa continuidad que se consagra en la dualidad inclusión-represión, y más allá de los matices que le son propios, advertimos que al día de hoy lo que se consideró progresista en 1912 sigue siendo considerado así en un amplio abanico de discursos contemporáneos que visten al lobo con piel de cordero, aún cuando, en ciertas ocasiones, para el mismo progresismo sea “políticamente incorrecto” avalar las consecuencias de sus discursos. Tómese como ejemplos las leyes antiterroristas o, para seguir el hilo, el sufragio obligatorio. No es posible argumentar a favor del voto obligatorio si no es a través de la imposición de un deber público. Ya no se trata de la defensa del derecho democrático de participación política, en tanto derecho subjetivo, sino de un deber que pesa sobre el ciudadano en nombre de un interés general.

A partir de la institucionalización de la Voluntad del Pueblo como factor legitimante de las autoridades públicas, el progresismo instala el régimen eleccionario como el núcleo de sentido de la vida política. Desde esta perspectiva, la actividad política consiste fundamentalmente en la delegación de la decisión en representantes a través del voto, aún cuando se relativice al voto frente a la importancia de la militancia cotidiana, como ocurre en el esquema restaurador del gobierno kirchnerista que apela al paternalismo populista en contra del liberalismo. Cabe decir, no obstante, que adjetivar como progresista a este gobierno sería un exceso. Es más adecuado insistir en que tiene la tradicional capacidad del corporativismo peronista de encapsular las contradicciones sociales trasladándolas al interior de su propio mundo como representaciones de lo que hay. Este régimen de representación corporativa es una clave para interpelar la llamativa refrendación de la obligatoriedad del voto que el kirchnerismo promovió el año pasado detrás de la fachada de la consagración del derecho cívico para los menores de 16 y 17 años.

La política promocionada por el discurso kirchnerista es un instrumento administrativo legitimado en la representación a través del voto, y sostenido por una militancia que, en rigor, lo que hace es trasladar a la acción permanente lo que se instituye periódicamente en cada acto electoral. No es una exclusividad del kirchnerismo, ni mucho menos una invención, sino una forma ya clásica del sistema democrático de crear un específico sentido político. La militancia, en este modelo, tiene tres funciones: crear en el cuerpo social un punto de fuerza capaz de afianzar lo que se desprende de las estructuras de control autorizadas electoralmente, preparar el terreno para la próxima elección y contener (incluir) dentro del ámbito de esas estructuras de control cualquier intervención política de la población.

Este último punto merece que nos detengamos en él. Aquí se advierte que la votación periódica en un sistema representativo tiene un carácter simbólico que va mucho más allá de la cuantificación electoral o que, mejor dicho, la usa para consolidar el verdadero efecto político del plano simbólico social. La delegación de la decisión sólo puede sostenerse en virtud de una verdadera transferencia simbólica hacia los representantes. Si no se opera una representación simbólica efectiva, no puede sostenerse ninguna representación política.

En otras palabras, los buenos políticos comienzan a serlo en el momento en el que se las entienden bien con el mundo simbólico de la sociedad que anhelan gobernar. Lo que tantas veces se nombra como liderazgo natural se asienta en la capacidad, conciente o inconciente, de personalizar, como si se tratara de una pantomima, los aspectos medulares de una sociedad y de su tiempo. No se trata de convencer con las ideas, sino de expresar las ideas en un despliegue escénico capaz de mantener y alimentar una ficción fundacional en la que se inscriben afectos opacos al raciocinio. Esta opacidad es indispensable: cuando se ven los hilos de la marioneta el espectáculo no puede seguir igual. Toda escena esconde una trastienda cuyo ocultamiento es necesario para que viva la ficción.

De modo que la votación, en política, no solamente es una renuncia a la decisión colectiva, sino que es también una palanca de fijación del estado en el reforzamiento del mundo simbólico vigente.

Cuando en mi adolescencia pensaba que el andamiaje democrático era igualitario no alcanzaba a comprender por qué el voto era obligatorio. Cierta descripción de las condiciones sociales de comienzos del siglo XX había logrado explicarme de qué manera esa obligatoriedad conjuraba en cierto modo la coerción de los patrones sobre los trabajadores, cuando todavía no se notaba mucho la diferencia entre el trabajo y la servidumbre. Para impedir que los patrones obstaculizaran el voto de los trabajadores, me habían dicho, era preciso que el voto fuera secreto y obligatorio, y así nadie podía faltar al acto cívico ni sufrir reprimendas. Crédulo, lo comprendí. Pero seguía sin comprender por qué todavía, ya comenzando a terminar el siglo, seguía siendo necesario. Y es el día de hoy, con otra perspectiva, que sigo sin comprenderlo muy bien.

Hay una sola dimensión del asunto que me hace sentido y es, precisamente, la función que el sistema electoral opera en el imaginario social, afianzando la simbología representativa. En cierta manera, la obligatoriedad de optar es un antídoto eficaz contra la decisión.

La decisión es un tajo, un corte impulsado por ideas que se inscribe en una situación y que interrumpe la continuidad de su lógica trayendo una novedad. La decisión aparece cuando las opciones propias de una situación no son suficientes para resolver un dilema y es preciso que haya algo nuevo. La elección entre las diversas opciones que la situación presenta es el procedimiento exactamente contrario. Optando entre opciones alternativas de lo mismo, no aparece ninguna novedad. La decisión interrumpe la lógica que establece las opciones propias de la situación. La elección, al contrario, implica la continuidad de esa lógica. De modo que la obligatoriedad de la elección intenta conjurar cualquier aparición de una novedad potencialmente disruptiva.

Este mecanismo tiene, como suele suceder, múltiples caras. Por un lado, en la medida en que estamos obligados a votar, nos enredamos en deliberaciones acerca de la opción que se nos da. Se definen las condiciones del tablero, y sólo nos queda mover algunas piezas. Siendo que lo urgente suele arrollar a lo importante, la urgencia de las deliberaciones acerca de los representantes se impone sobre las deliberaciones acerca de nuestras dinámicas decisionales. El pueblo, esa categoría inciertamente relacionada con quienes no representamos a nadie, no delibera ni gobierna.

Por otra parte, la obligatoriedad es un recurso útil para una manipulación sencilla pero eficaz: habiéndonos obligado a optar, se nos responsabiliza por la opción elegida. Así es como se asume que el gobierno actual, por ejemplo, tuvo alguna vez el aval de media población. El número homogeniza la multiplicidad que contiene, y, en un sistema democrático simbólicamente bien administrado, se extiende tal homogeneidad incluso más allá de su propio contenido. En el mundo democrático la mayoría tiene razón, y encima la minoría mayoritaria es considerada una mayoría. Ergo, el resto, lo que sobra, lo que no está comprendido en esa mayoría, debe aceptar las decisiones tomadas por quienes han sido autorizados por semejante reglamento. Tomar la parte por el todo son las reglas del juego.

A partir de aquí, la mayoría es uno. Por más matices y factores diferenciales que podamos encontrar al interior de un gobierno, la eficacia gubernamental del sistema depende de un sentido de identidad colectiva que deberá refrendarse de forma continua. Los discursos constantes y las estrategias publicitarias de la propaganda política gubernamental giran en torno a esa suerte de posicionamiento de marca que mantenga viva la transferencia identitaria. Al mismo tiempo, las oposiciones internas se concentran en horadar esa transferencia para conquistarla y continuar.

En tiempos en los que se discutía el principio republicano como antagonismo del principio monárquico, se comprendía fácilmente que la figura del presidente era una herencia monárquica indeseable para la república. La potencia de esta figura, existente en toda república contemporánea y, de una u otra manera, en las instituciones que le pertenecen (partidos, sindicatos, etc.), radica en la transferencia simbólica que sobre ella se opera toda vez que la constitución patriarcal de nuestras sociedades habilita la dependencia de una figura central que dé consistencia a la identidad colectiva a través de la representación. Que esa figura sea personificada por un hombre o una mujer no cambia en lo más mínimo este principio, sino que, a lo sumo, lo realiza de forma diferente.

En el caso argentino, presidido por una viuda, la figura del padre muerto genera un sentido profundo en la mística legitimante de la representación política. La configuración de un mito acerca de Néstor Kirchner, sostenido por una discursividad sagaz, es uno de los pilares de la legitimación que ha recibido hasta ahora el gobierno nacional en amplios sectores de militancias propias y ajenas. De hecho, en buena parte de las acciones dirigidas a deslegitimar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el destinatario del golpe sigue siendo Él, y es en su nombre y sin nombrarlo que tantas sentencias fecundas en verborragia pseudo-revolucionaria se afirman con un despliegue escénico en algún punto admirable.

La mística es, ciertamente, una parte esencial de la gubernamentalidad, y es especialmente cara a ciertos espacios de carácter corporativo. La totalización representativa, que es el sustrato del principio de Estado Nacional, depende de una figura mítica que esté a la cabeza, un rey presidenciado, un referente instituido con la capacidad de regular la situación, es decir, de habilitar en su nombre las acciones de gobierno y el sentido interior de una situación cuya estructura se resiste a su propia inconsistencia. Esta mística depende de que los factores de legitimación subsistan, y hay que decir que la sociedad actual es aquella que se abrió a una novedad con el cambio de siglo, novedad cuyo nombre en la región argentina es 2001 y que consiste precisamente en la ruptura de la lógica de la representación política.

El gobierno kirchnerista toma el mando como herencia de un Duhalde que pagó el precio de la tarea sucia. Asume con una derrota electoral especialmente despoblada de electores que le dio un aval risible para cualquier ficción de su especie. Si en un paréntesis validamos durante un segundo la representación electoral, cabe decir que incluso Illia, famoso por su falta de representatividad, fue más representativo que el primer Kirchner, con la diferencia sensible de que la proscripción que en su momento pesaba sobre el peronismo, esta vez era un errático signo de abstención popular que pesaba sobre todos los partidos, sobre cualquier candidato, sobre la propia institucionalidad. Fue precisamente tarea del Kirchnerismo recuperar esa institucionalidad, como fue tarea de Sáenz Peña afianzarla y expandirla en su momento.

Actualmente, como recurso para defender la representatividad electoral, la presidente ha dicho más de una vez que el gobierno kirchnerista asumió sin ninguna clase de aval político que no naciera de la clase dominante. Lo dijo diciendo que la crisis había producido una desesperanza, y que haberla reconquistado fue un logro inconmensurable del gobierno kirchnerista. Ella, diciendo que no han tenido legitimidad en el gobierno, elogia la capacidad de su marido de haberla conseguido (seguimos en el paréntesis de sus propios términos) a pulso de un modelo que se supo ganar después un porcentaje exorbitante, cuando en 2011 casi doce millones de personas votaron por el Frente para la Victoria a nivel nacional. Esos casi doce millones, contados como la mitad de más de cuarenta, son el argumento que autoriza la representación gubernamental al día de hoy, casi dos años después de aquella elección.

Saliendo del paréntesis, vemos que haya o no legitimidad dentro de su propia lógica, lo que importa es preservar la lógica. La misión del kirchnerismo ha sido la misión que todo conservador asustado delega en el corporativismo: orden y restauración. La restauración económica ha sido considerablemente conseguida, toda vez que era poco menos que imposible no hacerlo. Algo parecido, quizás, haya ocurrido en el plano social. Pero todo eso es otro asunto esta vez: lo que está en juego aquí es la restauración política, que consiste principalmente en recomponer la lógica de la representación. Se han desplegado para eso procedimientos de manual cuya efectividad ha sido tantas veces demostrada: inclusión, represión y afianzamiento del mundo simbólico, especialmente contenido en el mundo específico de cada idiosincrasia.

Lo que toma relieve en este contexto, y es el propósito de estas líneas, es la cuestión de la obligatoriedad electoral. El año pasado se reformó la legislación electoral en algunos puntos especialmente sensibles a esta cuestión, y especialmente llamativos. La pregunta de rigor es: ¿Por qué ha sido necesario actualizar la legislación electoral?

En junio del año pasado, se publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la reforma del Código Electoral Nacional, sancionada un mes antes con número 26.744. En noviembre, se promulgó la ley de Ciudadanía Argentina, ley 26.774 de octubre de 2012. Ambas leyes regulan el sistema electoral argentino modificando leyes anteriores.

Para tener una idea de los aspectos principales de esta reforma, veamos ciertos puntos cruciales:

1- El texto del nuevo Código Electoral comienza con la creación de un registro de infractores: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 12. Luego de cada elección nacional, elaborará un listado por distrito, con nombre, apellido y matrícula de quienes no se tenga constancia de emisión del voto, el que pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo”.

2- En su artículo octavo se establece que la abstención del voto puede ser causal de suspensión o despido para los trabajadores de la administración pública: “Todos los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal presentarán a sus superiores inmediatos la constancia de emisión del voto, el día siguiente a la elección, para permitir la fiscalización del cumplimiento de su deber de votar. Si no lo hicieren serán sancionados con suspensión de hasta seis (6) meses y en caso de reincidencia, podrán llegar a la cesantía. Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones en que sus subalternos hubieren incurrido. La omisión o inexactitud en tales comunicaciones también se sancionará con suspensión de hasta seis (6) meses”.

3- Se establece en el artículo noveno que los empleados públicos se convierten en fiscales del voto: “Se impondrá multa de pesos quinientos ($ 500) a los empleados públicos que admitan gestiones o trámites ante sus respectivas oficinas o dependencias hasta un (1) año después de vencido el plazo fijado en el artículo 125, sin exigir la presentación de la constancia de emisión del sufragio, la justificación correspondiente o la constancia del pago de la multa”.

4- En el artículo 5 de la ley de Ciudadanía, se establece la obligatoriedad del voto para todos los casos en que la consulta sea vinculante: “En todo proyecto sometido a consulta popular vinculante, el voto del electorado en los términos de la ley 19.945 será obligatorio”.

5- En el artículo 7 de la misma ley, se obliga a votar en las elecciones primarias: “En las elecciones primarias deben votar todos los electores, de acuerdo al registro de electores confeccionado por la justicia nacional electoral”.

Como muestra basta un botón. En estos cinco puntos se advierte que en las próximas elecciones se pone en juego un recrudecimiento del aparato fiscalizador del Estado en lo referente a la obligatoriedad del voto y, lo que es más interesante desde el punto de vista del análisis, se refrenda un marco legal represivo que hasta ahora había entrado en desuso con la presunción de obsolescencia. Si bien en 1994 se incluyó la obligatoriedad del voto en la constitución en el artículo 37 [1], jamás se dio lugar a represalia alguna por causa de abstención electoral.

El planteo, entonces, se ordena de la siguiente manera: ¿por qué un gobierno que pudo gobernar con y sin aval numérico, que puede convertir 25 en 50, ante una participación electoral que no se diferencia mucho del promedio histórico, se aboca a reformar las leyes electorales especialmente en lo que refiere a la obligatoriedad del voto, cuando los sistemas democráticos occidentales en su mayoría, y principalmente los que se consideran desarrollados, prescinden de tal obligatoriedad y gozan de la misma legitimación social?

La obligatoriedad no está vinculada con la acción electoral. No se necesita que mucha gente vote. Precisamente este gobierno es el más claro ejemplo de que la cantidad no es importante. En sus propios términos, gobernaron con nada y con todo. Les dio igual. Nadie dice que una docena de millones de votantes avala el gobierno: se dice que es el 50 % de la población. La legitimación electoral democrática se basa en la proporcionalidad, no en la cantidad, de manera que no importa si votan quince o quince mil, lo que importa es cómo se distribuyen las proporciones y la adjudicación metonímica que se le hace al cuerpo social como un todo de lo que resulta de comicios realizados sobre un padrón construido como parte de ese todo. Con eso basta y siempre bastó. Esto significa que no hay nada sustancial en la obligatoriedad, sino que el esfuerzo está destinado a la forma, al modo en que la población se vincula con el imaginario representativo en un sistema democrático.

Este movimiento fiscalizador y coercitivo que renueva los mecanismos de control del Estado en relación a la persecución de los infractores busca instalar en la población algo así como un hábito volitivo, inducir con la fuerza del hábito una voluntad de participación dentro de las coordenadas de un sistema que se afianza en la percepción de que es la única posibilidad que hay. La democracia, nos dicen, será imperfecta, pero es el menos malo de los regímenes posibles. Y, ya lo sabemos, afirmar un bien que exceda las condiciones de posibilidad de este mundo es una utopía o un acto terrorista.

Lo interesante, desde una perspectiva emancipativa, es que sea necesario el esfuerzo. Si se hace un movimiento para afianzar el electoralismo, es porque el electoralismo es débil. El sistema de representación tiene una herida de muerte, y el esfuerzo denodado de los distintos pedazos del cuerpo gubernamental destinado a salvarle la vida a la representación no hace más que confirmarlo. Como ocurre tantas veces, ellos advierten el peligro mucho antes y con más realismo de lo que nosotros advertimos la posibilidad. Hay en el seno de los movimientos sociales, de las organizaciones económicas y de los grupos políticos emancipativos, una cierta sensación de fatalismo frente a la hegemonía del marasmo democrático en una sociedad paralizada por el menosmalismo. Ese fatalismo coexiste con la voluntad de afianzar el marasmo por parte del gobierno. Esta dualidad debería sorprendernos como una contradicción, y hacernos pensar que posiblemente no estamos dando cuenta cabal de la magnitud que la ruptura de la lógica de la representación ha tenido en los últimos quince años, y que sus consecuencias están en nuestras manos con una potencialidad que ellos mismos nos están mostrando.

El Estado avanza sobre la población, reacciona. A partir de ahora, los empleados públicos son fiscales del gobierno, a la vez que electores amenazados con la pérdida del trabajo. Una forma renovada de la instrumentación del empleo como vehículo de sujeción social, creando divisorias en un segmento de la población que se ve conminado a realizar funciones coercitivas. Un sistema clásico de vigilancia, arcaico y visiblemente corporativo, se pone en juego hasta en la más ínfima de las jurisdicciones, legislando incluso el gobierno nacional acerca de las obligaciones de fiscalización cívica que pesan sobre empleados administrativos municipales. No es un despliegue menor. ¿Por qué lo hacen?

Notoriamente, los sindicatos corporativos que hoy hegemonizan la organización obrera a fuerza de leyes, impunidad mafiosa, desorganización, apatía y aquiescencia, no han hecho nada al respecto. Los trabajadores de la administración pública deberían haber interrumpido esta legislación. Lo notorio, entonces, es hasta dónde el sindicalismo corporativo es parte constitutiva del Estado. No sólo por intereses específicos vinculados con alianzas o fidelidades políticas, sino por su propio concepto y función: los sindicatos corporativos son instituciones políticas de la sociedad democrática capitalista, y su función es, precisamente, la representación de los trabajadores. Es preciso para el sindicalismo, cuyo fundamento legitimante es exactamente el mismo, que la representación política sobreviva al golpe recibido cuando la consigna asamblearia era “sin partidos ni sindicatos”.

Al mismo tiempo, la obligatoriedad de votar en las elecciones primarias nos obliga a formar parte de los mecanismos orgánicos de los partidos políticos. Esto es lo mismo que decir que está prohibido no participar en un partido político. Está prohibido negarse a avalar la dinámica institucional representativa con la que los partidos políticos democráticos establecen los candidatos. Ya no sólo es una obligación ser democrático y condescendiente con la expropiación forzada de la decisión en los asuntos sociales, sino que también lo es cumplir funciones políticas dentro del régimen de la organización partidaria. En cierta manera es el sueño de quienes bregaban por la vía político-parlamentaria a comienzos del siglo XX, un intento fabuloso de avanzar en contra de la acción directa.

La democracia dice de sí que es un mal menor. Esto no dice nada de la democracia, pero mucho del mal menor. La sentencia, en verdad, declara: es obligatorio renunciar al bien, es obligatorio gestionar el mal. Llamativamente, la ausencia de discursos emancipativos consistentes indica que el espíritu político de los tiempos actuales consiste, precisamente, en resignar el bien en virtud de la gestión del mal. ¿Por qué, una vez más, legislar la obligación de lo que ya sucede?

Me viene a la cabeza una afirmación de Eduardo Colombo: “toda situación histórica es siempre opaca a los ojos del que la vive”. Hay una grieta que abrimos y que estamos subestimando. Para que una grieta se vuelva ruptura es preciso en principio visibilizarla. Nombrar 2001 es parte de esa visibilización, pero esta condición necesaria es completamente insuficiente. Es preciso dar un segundo paso en la afirmación de las consecuencias de esa grieta a través de la construcción de espacios sociales y económicos organizados en virtud del principio de igualdad. Este principio es el que nos moviliza a negar la validez de la representación, y activa nuestra afirmación de que la lógica del mundo en que vivimos no es verdadera. Precisamente, la consecuencia del principio de igualdad que consiste en la negación de la lógica representativa es la afirmación política que mejor expresa la novedad que advino en 2001, y es la causa de los procedimientos reactivos y oscuros que se desplegaron a partir de 2002. La refrendación de la obligatoriedad del voto es uno más de estos procedimientos, y ha pasado veladamente escondido en el caballo de Troya de la inclusión de los menores de 18, procedimiento de igual sentido y carácter pero que goza de cierta aparente inocuidad, y de una aceptación que semejante dispositivo de control y persecución de infractores a la obligatoriedad del voto no habría tenido quizás en algunos sectores del progresismo si se hubiera comunicado con transparencia.

Como sostuve hasta aquí, este movimiento legislativo tiene por función no que el pueblo vote, sino que el pueblo quiera votar. Y, muy especialmente, que el pueblo acepte las consecuencias de la delegación. Esta refrendación tiene un carácter instituyente, es una refundación del sistema electoral argentino. Ha vuelto la política, nos dicen, porque lo que ha vuelto es aquella visión de la política que la inscribe en la gestión del poder a través de la delegación aquiescente. ¿Diremos que sí?

Claramente la obligatoriedad, como toda orden, no dice nada en sí misma acerca de que vaya a ser obedecida. Y, lo más importante, nada dice acerca de que la misión que trae sea realizada. Lo que está en nuestras manos no es votar o no votar. Nada político-emancipativo hay en el voto ni necesariamente en su negación. El voto es un acto político sólo si se le confiere un sentido político, si se valida su lógica y su función legitimante. Hasta ahora el voto es en sí mismo ni más ni menos que un trámite relativo a un deber cívico en un mundo gubernamental, en cierto modo equivalente a pagar impuestos o tramitar el DNI. Está en nosotros construir algo políticamente consistente en sentido emancipativo o reducir nuestras acciones al terreno miserable de la delegación obsecuente y voluntaria, renunciar a la emancipación y darle cauce a la operación simbólica de la representación política.

Nada político-emancipativo hay en el voto, pero tampoco en el no-voto. No podemos afirmar nada acerca de los números que se expresan en la ficción electoral, a menos que estemos dispuestos a validar el imperio del número. Nada, incluso la abstención, nombran algo políticamente válido. La discusión no es votar o no votar, sino qué es lo que pensamos políticamente y cómo nos organizamos a partir de eso. La negativa a votar, como gesto de desobediencia o como coherencia por principios, puede convertirse en acto político. Pero aún así, estando cargado de sentido político emancipativo, es tan sólo un aspecto marginal de la acción política.

Lo que ha de importarnos por encima de todo es interrumpir el sentido último de la obligatoriedad, que es la representación política montada sobre un imaginario social específico, y no estrictamente interrumpir el voto. Reducir nuestra acción política a negarnos a votar sin hacer nada más es tan conservador como aceptar la obligación de elegir un mal menor, es decir, asumir la obligatoriedad como una determinación política que nos impide pensar más allá de la gubernamentalidad, lo cual no es más que un gesto miserable en la agregación de gestos miserables que constituyen la servidumbre voluntaria.

Votar sin más, reducirse a la disyuntiva electoral sin siquiera desobedecer, implica arruinar nuestra capacidad política. Ceder a la urgencia impuesta por la ley implica avalar el espíritu de las leyes. Oblígueme señor legislador, puesto que nada de mi voluntad, ni tan sólo mi voluntad de abandonarme en la delegación, puede habitar en este mundo. Mi voluntad se ha convertido en la justificación de su gobierno. Guarde usted por mi cuerpo y por mi propiedad, le cedo a cambio toda reminiscencia de algo parecido a lo que llamábamos idea. Protéjame, señor, señora presidente. Protéjame de mí, y déme la opción de echarle a usted la culpa cuando mi frustración advenga. Que se cumpla la voluntad del Padre en el gobierno del mundo, quiera el país escuchar su palabra y su consejo. Quiera el pueblo votar: que sea una orden.

 


[1] Como nota de color, cabe decir que llamativamente la obligatoriedad es incluida en el Capítulo Segundo de la constitución, que versa sobre Nuevos Derechos y Garantías. De esta forma, la obligatoriedad del voto se vincula con la garantía del derecho a votar sin que se mencione de qué manera una obligación garantiza un derecho para la persona obligada: “Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”.

Hernán Mancuso
2013

El voto inútil

El futuro ya llegó.

Ha llegado el momento. Estamos siendo testigos del inevitable agotamiento del “Estado emancipador” como algunos se han atrevido a llamarlo. La situación actual que quiere forzar a los argentinos a elegir entre “dos proyectos” de la burguesía (nacional-desarrollista vs extranjerizado-liberal) nos muestra a las claras que la “voluntad política” cuando es ejercida desde los mecanismos Estatal-Representativos siempre se queda manca frente a los vientos cíclicos (ciclónicos) del capital mundial. Cuando el viento es “de cola” es fácil aferrarse a las banderas con la mano izquierda e ir a toda vela sobre el barco del consumo pero cuando los vientos comienzan a venir cruzados la derecha parece necesaria para tirar de los cabos y enderezar la nave.

La retórica de los “dos proyectos en pugna” está en su último avatar. Está a las claras tanto para los más kirchneristas como para los menos que la elección a la que se nos fuerza desde arriba es una elección entre dos variantes de derecha. Sin dudas vamos saliendo de la “década ganada” la cuestión es ver si vamos a salir por la puerta o por la ventana. Las argucias del “mal menor” nunca estuvieron tan presentes en las discusiones políticas como lo estuvieron este último año y esa es la muestra más clara de que la política verdadera esta hoy más ausente que nunca.

La sociedad no se derechizó, la política si.

No debemos caer en el diagnóstico que dice que “la sociedad se derechizo” simplemente para culpar al otro de que un candidato que no nos gusta gana una elección. Me pregunto entonces, si el kirchnerismo fue el “retorno de la política” después del “incendio” y la “crisis institucional” de principios de siglo, ¿dónde está esa “política”?. La respuesta es clara, está aquí, la política que retorna con el ciclo kirchnerista no es otra que la política de la derecha que nos lleva inevitablemente a la elección actual ante la que nos vemos enfrentados. Una forma de hacer política que se resume en el artículo 22 de nuestra constitución nacional: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.  Por supuesto que estoy de acuerdo respecto a las fuerzas armadas pero ¿Qué hay con las reuniones de personas?. Las concepciones de la política que “retorna” en el 2003 son las mismas contra las cuales el pueblo argentino se sublevó en el 2001. En ese sentido el retorno de la política del kirchnerismo no hizo otra cosa que afianzar las bases político-institucionales para un eventual retorno de la derecha (macrista o sciolista). Recompuso el tejido político y social para neutralizar las “reuniones de personas” que intentaron deliberar y decidir por su cuenta (que finalmente es la única verdadera oposición posible) para re-instalar la omnipotencia estatal frente a cualquier iniciativa política autónoma y anticapitalista.

El macrismo ¿fase superior del kirchnerismo?.

Las medidas económicas del ciclo kirchnerista han sido sin dudas más amables con el conjunto de la sociedad de lo que han sido las tomadas durante la década del ’90. También es cierto que no podrían haber sido de otra manera. El afán de un “Estado presente como agente de redistribución de la riqueza” frente a un “Estado ausente que deja todo librado al mercado” es una oposición más que clásica, en este sentido el kirchnerismo no ha inventado nada. Como siempre, y esto se comprueba en todo el mundo a lo largo del siglo XX, los Estados de bienestar resultan ser los agentes que se encargan de recomponer los mercados después de las grandes crisis para luego devolverle el mando a los de siempre (con sociedades políticamente anestesiadas) cuando las condiciones están listas para un nuevo ciclo de explotación. A veces incluso lo hacen ellos mismos, basta con ver el caso europeo donde los históricos partidos socialdemócratas se han dedicado sistemáticamente a aplicar severas medidas de ajuste.

Es necesario desactivar el argumento de “Estado ausente” vs “Estado presente” para afirmar que el Estado es siempre la herramienta que administra las condiciones de desarrollo de un mercado. El Estado-nación de hoy en día no es más que un gestor que administra un mercado-nación. Por eso es que no creemos en que los años noventa hayan estado marcados por la ausencia del Estado, el Estado siempre está presente o sino ¿Quién se piensan que privatizó medio país en aquella época?. El Estado lo hizo, por más que nos guste pensar que fue Carlos Menem y sus secuaces (entre los cuales se encuentran algún que otro cuadro de los de la “década ganada”). Es el Estado el que se encargó en aquel momento de liberalizar el Mercado, es el Estado el que se encargó estos últimos años de recomponer el consumo para desarrollar el Mercado interno y es el Estado el que se seguirá encargando de ahora en delante de organizar el Mercado como más convenga para mantener la productividad, la tasa de ganancia y por supuesto, en la medida de lo posible, el benemérito “consumo”. No nos dejemos engañar por el hecho de que durante algunos años haya sido conveniente repartir un poco más el peso de la carreta para que la rueda siga girando y que haya sido conveniente dar el mando a un cochero que conozca más a los caballos que tiran del carro para que no los faje tanto.

El sujeto de consumo. Lo saben y aun así lo hacen.

El logro “político” del kirchnerismo ha sido, ya lo hemos dicho, re-encauzar las aguas que se habían desmadrado en el 2001 hacia su cauce natural, de vuelta hacia las relaciones de explotación capitalistas dentro de un marco “sostenible”. La estrategia para re-encauzar el rio fue expandir su lecho, literalmente, expandir la base que lo constituye para “incluir” lo más posible a nuevos consumidores dentro del correr de las “frías aguas del cálculo egoísta”. La “década ganada” ha fracasado rotundamente en construir un nuevo sujeto político distinto al del elector-consumidor de la oferta-electoral. Lo cual genera como es de esperarse personas que eligen a Scioli aunque es malo porque Macri es peor y “otra no hay” y personas que eligen a Macri aunque saben que es malo pero porque “hay cosas que no pueden seguir asi”. Se le suele echar la culpa a la clase media argentina de “derechizarse” y darle la espalda a quienes la hicieron crecer. Creo que esto es un resultado directo de la imposibilidad del “populismo” de crear sujetos políticos que piensen más allá de sus intereses. No se puede esperar que la gente deje de votar con el bolsillo si lo único que se vislumbra como logro es insistir en que “ahora más gente puede cambiar el auto, irse de vacaciones, ver el futbol en una tele nueva, etc…” Bueno, lamentablemente el consumidor solo quiere seguir consumiendo (por definición). La tele nueva queda chica, mar del plata ya conozco y el auto ya tiene muchos kilómetros y tiene un ruidito. El día que a esa gente no le alcance para consumir lo que quiere (que es su derecho) va a intentar hacer lo que le han enseñado a hacer, ir y votar (que es su otro derecho) y por supuesto, elegir el “cambio”. Es la vía democrática.
Cuando el sujeto-consumidor se impone y el consumo parece ser la cumbre de los derechos del “pueblo”, cuando se constituye en el primer y el último indicador del bienestar social, cuando el consumo se convierte en sinónimo de libertad y buena vida entonces el capitalismo ha triunfado, cuando el consumo se convierte en bandera política entonces la democracia ha triunfado
Lo reiteramos, la inercia política del kirchnerismo se refleja en su incapacidad a la hora de crear un sujeto político nuevo capaz de sostener lo realizado. El hecho de que se tenga que recurrir a la candidatura de Daniel Scioli para  conservar al menos algo de lo conseguido es el signo más claro de la impotencia transformadora de este ciclo de gobierno.
¿Quién gana cuando gana la democracia?

Parece haber un acuerdo unánime cuando se recalca ante todo que en la jornada electoral “triunfa la democracia”. Hoy más que nunca queda a la vista que aunque perdamos todos, gana la democracia. El fetiche de la democracia es el velo que oculta la expansión de su condición subyacente, el capitalismo. ¿Por qué la gente vota algo que sabe que es malo y que sabe que no quiere?, aquí tenemos a la ideología funcionando en su máxima expresión, saben que es malo, aun así lo hacen. La democracia es el deber de elegir. El imperativo de la participación democrática frente a la amenaza del terror de la dictadura no permite ver que siguen decidiendo por nosotros. Debes elegir. Elegir entre Scioli y Macri es el triunfo de la democracia. Quizás dicho así cobre la dimensión necesaria. De vuelta, por si no quedo claro: “elegir entre Scioli o Macri es un triunfo de la democracia… “

No es lo mismo…

No podemos decir que Macri y Scioli son lo mismo así sin más. Sería absurdo, a menos que fijemos una posición desde la cual sea posible mostrar que no son más que variantes de lo mismo. Esa posición requiere hacer una distinción polémica entre economía y política. Si la política se reduce a la gestión de los asuntos económicos por parte del Estado (lugar de consenso absoluto de todas las fuerzas que se presentaron en las elecciones), posiblemente debamos afirmar que hay una diferencia de “políticas-económicas” entre ambos. Pero si intentamos afirmar que la política no se reduce a la administración económica debemos decir que en tanto hombres de Estado cumplen la misma función, la función de la política de Estado, que no es otra que administrar las condiciones de desarrollo del capitalismo. A lo sumo podemos reducir la situación a una disputa entre facciones de la burguesía ya que no hay una diferencia política real entre ambos en tanto están allí para lo mismo.

Afirmar que la política no se confunde con la gestión económica es decir que la política es un proceso subjetivo que cambia la existencia de las personas y no solo sus condiciones materiales de vida. Por más polémico que esto suene considero que es fundamental no ceder en este punto sino queremos caer permanentemente en las trampas de las políticas de derechas. Sino pensamos que la política se trata de decisiones subjetivas de ruptura y no de elecciones objetivas, sino pensamos que la política se trata de inventar lo que no existe y no de elegir entre lo que hay, sino pensamos que la política no es una relación de demanda y oferta sino que es una situación de producción creadora entonces estaremos siempre a merced de que nos vendan espejitos (globitos) de colores.
No necesitamos mártires…

El mecanismo electoral es particularmente individualista. Una persona un voto. En esto cuaja perfectamente con el ideal del consumidor capitalista. Esta atomización de la decisión lleva necesariamente a paradojas donde un voto no decide nada por si mismo pero a la vez parece decidirlo todo, pareciera que en cada decisión individual se carga sobre la espalda el peso del destino de una nación cuando en realidad lo que inclina la balanza son los movimientos de grandes masas heterogéneas e incoherentes de votantes donde vaya uno a saber porque vota cada cual. Esto se ve claramente si analizamos el contenido de los discursos de campaña de los principales candidatos, cuanto más imprecisos mejor.

Esta dinámica electoral ejerce un doble juego. Por un lado condiciona la decisión individual por la voluntad colectiva al forzar a elegir entre aquellos que tienen oportunidad de ganar, por lo cual algunos votos quizás más afirmativos parecen quedar excluidos (es la famosa polarización o voto útil). Por otro obliga a la gente a estar convencida de lo que hace porque la responsabilidad de la acción es siempre individual, el sujeto colectivo es incomprensible para esta política. Esta combinación lleva directamente a construir el argumento del “mal menor”. Finalmente entre el forzamiento a elegir y el peso individualista de la decisión se termina construyendo un problema de “conciencia”.  Siempre podemos decir que la sociedad esto o la sociedad lo otro, pero la realidad es que a la hora de descargar responsabilidades solo vemos individuos.

El argumento del “mal menor” es la salida por derecha de todo problema político. Aceptar que todo está mal y ver la manera en la que podemos estar un poco menos mal es la forma misma del conservadurismo.

Por eso en el escenario que se nos presenta no necesitamos mártires que inmolen su buena conciencia progresista y voten a Scioli para detener la avalancha neo-liberal del macrismo. El que quiera hacerlo adelante, pero no por eso debemos aceptar, los que no estamos dispuestos a avalar este escenario que se nos ofrece, que se nos tilde de “no hacernos cargo”, de “egoístas” o de no querer “ensuciarnos las manos”. Muy por el contrario, no nos resulta nada fácil desligarnos de esta decisión en la práctica y por eso nos vemos obligados a asumir sus consecuencias. Nosotros no pensamos que poner un voto por la vía del “capitalismo moderado” o como se ha llegado a decir “humanitario” esgrimiendo consignas progresivas y consideración con “los que menos tienen” sea hacerse cargo de la situación insoportable en la que vive la gran mayoría de las personas en el mundo actual del capitalismo mundializado. Muy por el contrario, implica patear el problema para más adelante y avalar las condiciones en las que él mismo se reproduce. Pan para hoy, hambre para mañana…

En cuanto a los que piensan con convencimiento en votar a Macri, no hay nada que hacer, es probablemente su incapacidad para ver más allá de sus propias narices lo que hace que esa gente ya esté perdida y no vale la pena ni siquiera interpelarlos. Lo que no debemos hacer es, nuevamente, confundir la “voluntad popular” con el cumulo de intereses individuales que esconde.
Retomar desde donde lo dejamos…

Por supuesto que no podemos decir esto y quedarnos quietos. Eso sí sería no hacerse cargo. Si pensamos que todo lo que uno puede hacer políticamente es ir a elegir lo que mejor lo represente (aunque no lo represente para nada) entonces si es necesario ir masivamente a votar a Scioli. Pero si nos comprometemos con el enunciado de que “otra política es posible” entonces debemos encaminarnos en construirla. Debemos pensar y hacer una política que no nos devuelva permanentemente a estas encerronas como las que estamos viviendo en este momento.

Hubo un tiempo, hace no mucho, donde la gente supo que podía hacer algo más que ser un simple espectador de la vida política del país. Que podía salir a la calle, que podía organizarse por su cuenta más allá de los partidos y de las estructuras anquilosadas del poder sindical, que podía tomar el problema en sus manos y hacer algo, por precario que sea. El primer paso siempre es un salto al vacío.
En ese momento la gente no esperó a que aparezca un candidato para canalizar sus demandas. No salió a pedir por alguien que vaya a ocupar el poder para darles algo más de lo poco que tenían. En aquel momento la gente se corrió de su papel de víctima que tiene que ser ayudada y rescatada por la buena conciencia de los que están arriba, sino que tomo el problema en sus manos, se organizó e hizo cosas. Habrá sido mucho, habrá sido poco, no lo sabemos, es discutible y es necesario discutirlo.

Por supuesto siempre vamos a tener los argumentos de la izquierda mesiánica y dogmática que piensa que en el 2001 fue un fracaso porque se perdió la oportunidad de hacer la Revolucion ya que por un problema probablemente de dirección o de conciencia no se pudo organizar a las masas hacia la toma del poder y bla bla bla…

Pero también tenemos la visión reactiva aunque exitosa del kirchnerismo frente a estos acontecimientos que los nombra como “el lugar al que no queremos volver, porque es la consecuencia de los 90”. Aquí queda más que claro que el temor de la clase dirigente no es tanto a los modelos económicos de antaño sino a sus consecuencias políticas. Lo que más temen los estadistas es que se rompa la vía de la institucionalidad, que no “triunfe la democracia”, que la gente deje de ver por un momento las miserias económicas y se concentre en lanzarse masivamente contra el sistema político que las reproduce. El miedo del Estado (no importa quién lo ocupe) es que la gente vea su propio potencial de organizarse y de luchar no solo contra el capitalismo (hasta el Papa lo hace) sino contra las formas de vida en común y de organización política que lo sostienen.

Por eso ahora, venga lo que venga, el compromiso debe ser más fuerte que nunca, y la tarea es retomar desde allí donde lo dejamos. Ver que nos enseñaron esos años de fines y comienzo de siglo, hacer balances, criticas, propuestas y sobre todo apuestas, muchas apuestas. No hay que esperar que esto se arme solo desde arriba para luego sumarnos, hay que ensayar todas las formas posibles de decir ¡basta!, por pequeñas que sean, en los lugares donde nos encontramos todos los días buscar las formas de decir ¡aquí estamos y esto no lo queremos más!. Mirarnos con los demás y no ver personas que necesitan ayuda sino personas iguales a nosotros que tienen problemas comunes y que tienen sobre todo capacidad de decidir y de hacer por su propia cuenta, personas con las que debemos apoyarnos mutuamente y no intentar dirigir o comandar según lo que nosotros pensamos correcto.

El ciclo neo-liberal de los ´90 y sus luchas nos enseñaron que tenemos nuevas armas, que podemos hacer otras cosas. Nuevamente, no nos engañemos, no fue el kirchnerismo el que termino con el flagelo de Cavallo, De la Rua y el FMI, fue la gente en la calle, fue la organización popular la que puso el cuerpo en esos tiempos mientras los personajes que hoy se presentan como los embanderados de la lucha contra el ajuste votaban a pies juntillas todas las medidas del menemismo. Los ´90 nos enseñaron muchas cosas que quizás no supimos aprender porque todo el aparato de la política estatal se empeñó sistemáticamente en esconder sus potencialidades, sacando sus propias conclusiones. Ante los tiempos que avecinan sin dudas que debemos volver sobre aquellas lecciones y armarnos nuevamente con más y mejores recursos, con nuevas experiencias y nuevas consignas.

También pensamos conveniente de vez en vez levantar la cabeza y ver más allá de las fronteras para ver que no estamos solos. En el mundo pasaron, pasan y pasaran cosas, miles de cosas, desde las primaveras árabes, al movimiento de indignados en España, el zapatismo en México y la lucha por el agua en Bolivia, kurdistán, palestina, los refugiados y los campos de concentración de la democracia europea. Estos y probablemente muchos otros que desconocemos son lugares eminentemente políticos donde se desarrollan y se ponen en prácticas nuevas experiencias y nuevos pensamientos políticos que debemos atender por su potencial emancipador.

Es imperioso que pensemos la manera de hacer algo, por pequeño que sea, para que nunca, pero nunca más tengamos que buscar razones y excusas para elegir entre Macri y Scioli.

Juan Cerdeiras
Octubre 2015

Acontecimiento 45 (2014)

  • Que se vayan todos. Grupo Acontecimiento
  • Las lecciones de Jacques Rancière: saber y poder después de la tempestad. Alain Badiou
  • Seguimos pensando en el interior del horizonte ideológico de nuestros enemigos. Raúl Cerdeiras
  • Crítica de la autogestión.  Martín López
  • El toro por las astas. Hernán Mancuso

Otras voces

  • Anatomía política de la coyuntura sudamericana. Imágenes del desarrollo, ciclo político y nuevo conflicto social. Sandro Mezzadra y Diego Sztulwark
  • Estudiantes de Ayotzinapa. EZLN

No odiar a los judíos

Porque eso es lo que buscan los gobernantes de extrema derecha que dirigen actualmente al Estado de Israel. Buscan desatar el fácil sentimiento antisemita que anida en la gente. Cuanto más desastrosa parece una acción de esta batalla desigual e inhumana que se libra en Gaza, más se alimenta ese prejuicio. Es el argumento preferido por los bandidos que hoy gobiernan, cuanto más odio a los judíos más fortalecen su posición de eternas víctimas que no hacen más que defenderse.

Raúl Cerdeiras
Bajar en Español
Download in English
Sigue leyendo